Todos tenemos derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno y en el resto del ordenamiento jurídico. A estos efectos, se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la referida Ley 19/2013, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado en los supuestos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno. En todo caso, la aplicación de los referidos límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.